Playuela

Suministrada

Intensa defensa del sector Playuela

El proyecto que Caribbean Management Group pretende desarrollar en Aguadilla al parecer no cuenta con todos los endosos requeridos

15 de febrero de 2017 07:17 am

Por: Katefrans Flores Sanabria | [email protected]

El lunes los ánimos en el sector Playuela en Aguadilla se volvieron a caldear.

Esta vez, manifestantes interrumpieron las labores que realizaba la compañía Caribbean Management Group en la creación de una carretera que da acceso al lugar, reclamando ver los permisos de construcción.

Según alega el abogado Omar Saade, quien defendió a los manifestantes de Playuela sobre la demanda que emitió la desarrolladora donde se estableció un “Interdicto Preliminar, Permanente y Daños”, fue el municipio quien expidió un permiso de urbanización para la construcción de una carretera a cambio de unos endosos. Alegadamente, la compañía constructora no ha presentado un informe completo de endosos.

ÍNDICE obtuvo una copia del “Permiso de Urbanización” expedido por el municipio de Aguadilla donde establece que múltiples agencias gubernamentales deben endosar el proyecto para que se lleve a cabo la construcción. Este documento fue aprobado para septiembre de 2013.

Entre las agencias se destaca el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Autoridad de Carreteras y Transportación, Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), el U.S. Geological Survey, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, Compañía de Turismo, Departamento de Salud, Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal, Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste, Junta de Calidad Ambiental, Municipio Autónomo de Aguadilla, Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Parte de la investigación que llevó Saade para probar la ilegalidad de la construcción establece que en un expediente certificado por el municipio “no están los endosos”.

“La construcción que se está llevando ahora mismo es una calle interna, pero no tienen permiso de construcción de ninguna de las estructuras del proyecto. Están construyendo una carretera que no conduce a ningún lado”, sostuvo Saade.

Pese a esta investigación Saade pudo comprobar que se logró probar que la Declaración de Impacto Ambiental que tiene Caribbean Management Group es de hace 20 años para un proyecto distinto al que tienen ahora.

“Cambiaron las estructuras, la distribución de las estructuras, la ubicación y le añadieron usos que no se evaluaron en aquel momento. Se supone que se evalúe el impacto ambiental según el proyecto que se pretende construir en la actualidad”, dijo.

“Es evidente que los dueños del proyecto lo que han hecho es ignorar las condiciones que se impusieron en el proceso de planificación incluso ahora con el permiso que se le otorgó de urbanización”, explicó.

Por su parte, Gerardo Lebrón, portavoz de Olita y del Movimiento Playuela, exhortó a que los desarrolladores muestren el documento público que indique que cumplieron con los endosos condicionados por el municipio.

“Los arrestos de ayer (lunes) no se dieron en un vacío. Volvimos con el argumento que llevamos desde noviembre, donde exigimos ver los endosos. La única forma en que un ciudadano puede constatar que una construcción se está haciendo de manera correcta es a través de los endosos de las agencias y que vaya a tono con las misiones de estos cuerpos”, puntualizó el portavoz.

Lebrón aclaró que él pudo constatar que en el expediente de la Oficina de Permisos de Aguadilla solo se encuentran los endosos del Municipio, el DRNA y la AAA.

“Hay que analizar bien las especificaciones que está dando el DNRA. A mí me parece bien irónico que el DRNA permita cubrir en cemento 132 cuerdas de terreno, un área llena de sumideros y una quebrada. Es sumamente raro cómo el DRNA endosaría un proyecto que pone en riesgo ecosistemas”, acotó.

“Tenemos un problema, al parecer, tenemos un DRNA dirigido por personas que no creen ni entienden su misión y no están capacitados para ejercer su posición. Estamos enfrentándonos a un DRNA que no cumple con su misión”, sentenció Lebrón.

Según Lebrón lo más que le preocupa a la comunidad es que el cuerpo policiaco esté dando seguridad a un lugar que está operando bajo ilegalidad.

“La pregunta viene siendo qué armas tiene la participación ciudadana. Es por eso que tenemos que trascender la ley y el derecho optando por la desobediencia civil porque no nos queda de otra”, argumentó.

Lebrón aseguró que los manifestantes no están en contra del desarrollo ni de la creación de empleos, sino que se oponen al desarrollo insostenible que se está llevando en la zona.

“Estamos en contra de que no haya una participación comunitaria equitativa. Se puede desarrollar de manera bonita y sostenible”, subrayó.

“Queremos que se unan más personas a la lucha. Cada entidad va a decidir cómo actuar. Vamos a seguir en el área manifestándonos y uniendo esfuerzos para educar tanto a la Policía como a los desarrolladores y al DRNA sobre este tema”, concluyó.

El lunes, según la Policía, manifestantes que acampaban en los predios de la construcción violaron el interdicto en el que se indica que la Uniformada debía establecer un perímetro para garantizar que se respetaran los espacios de la constructora y el espacio de protesta.

Según los datos de la Policía, los arrestados fueron llevados ante la presencia del juez de turno en el Tribunal de Aguadilla, quien determinó causa contra Frank Alexander Bravo Ruiz, de 25 años, residente de este pueblo, por el delito de agresión menos grave por escupir en el rostro a dos agentes. Los cinco manifestantes fueron dejados en libertad.

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