Alejandro García Padilla

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Confiado en que Promesa evitará las demandas de los acreedores

Alejandro García Padilla mostró su confianza en la ley, que fue aprobada a finales del pasado junio

20 de septiembre de 2016 04:26 pm

Por: Agencia EFE | San Juan

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, mostró su confianza en que la ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense para atender la deuda y la crisis económica de la isla, evitará las demandas de los acreedores que tratan de recobrar la totalidad de sus inversiones.

El director ejecutivo de la asociación Bonistas del Patio -que agrupa a miles de puertorriqueños que cuentan con bonos de la isla y tratan de recuperar la totalidad de su inversión-, Jorge Irizarry, dijo hoy a Efe sobre las palabras de García Padilla que se trata de una opinión, pero que el asunto deberá dirimirse en los tribunales.

"Distinto a lo que plantea un pequeño grupo de acreedores, entendemos que todas las demandas que se han recibido hasta el momento están cubiertas por el "stay" -situación de espera o suspensión- de Promesa. Confiamos que así lo determinará el tribunal próximamente", dijo García Padilla el lunes sobre el asunto.

El Congreso federal aprobó a finales del pasado mes de junio la ley Promesa, que se establece el camino para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, de más de $60,000 millones y que el Ejecutivo local reconoció es inasumible, e impone una Junta de Supervisión Fiscal que supervisará la actividad del Gobierno y cámaras legislativas locales.

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García Padilla subrayó ayer que el Tribunal federal de San Juan tiene convocadas a partir del próximo jueves unas vistas públicas en las que se atenderá si existe algún motivo por el que la paralización de las demandas de cobro de los acreedores que permite la ley Promesa debe quedar sin efecto.

"Cualquier proceso de cobro tiene que darse de forma organizada bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal", aseguró García Padilla.

El jefe del Ejecutivo dijo además de que se asegurará de que ningún acreedor reciba trato preferencial por demandar al Gobierno.

Además, matizó que la ley Promesa establece -en sentido negativo para la soberanía del Ejecutivo local- una junta de supervisión que se superpone al Gobierno, pero a su vez provee los mecanismos para reestructurar la deuda del Estado Libre Asociado.

El director ejecutivo de la asociación Bonistas del Patio matizó que las palabras de García Padilla son especulativas y que lo que realmente se verá en las vistas que comienzan el jueves es si el Gobierno de Puerto Rico puede llevar a cabo ciertas operaciones financieras que pudieran perjudicar que en el futuro los acreedores recuperen su inversión.

"Sabemos además que todas las corporaciones del Gobierno de Puerto Rico pueden pagar, salvo tres", subrayó Irizarry sobre la imposibilidad del Ejecutivo de hacer frente a los vencimientos de deuda que García Padilla ha insistido durante meses no se pueden atender por falta de liquidez.

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Irizarry dijo que el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Carreteras y la Corporación para el Financiamiento Público son, según su opinión, las tres únicas entidades que no pueden hacer frente a sus compromisos.

El catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda indicó a Efe sobre el asunto que, en principio, la ley Promesa establece que quede suspendido el pago de la deuda a los acreedores, aunque matizó que expertos legales pudieran encontrar "boquetes para cualquier interpretación".

"En principio parece que el gobernador tiene razón, pero todo es muy complejo y además se trata de la primera vez que algo así ocurre en Puerto Rico", precisó Alameda.

El catedrático de Economía de la Universidad Interamericana Antonio Fernos señaló por su parte a Efe que le parece correcta la interpretación del gobernador, además de recordar que la ley Promesa establece que la moratoria sobre el pago de la deuda puede extenderse tantas veces como sea necesario.

Fernos resaltó que en cualquier caso se trata de un asunto jurídico sobre el que deberá pronunciarse el Tribunal federal de San Juan.

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