Marihuana en un frasco

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Nueva política sobre posesión de marihuana en la Isla

El gobernador firmó hoy una orden ejecutiva

14 de septiembre de 2015 07:49 pm

Por: Antonio R. Gómez / Para ÍNDICE | [email protected]

El gobernador Alejandro García Padilla firmó hoy una orden ejecutiva en la que establece que procesar a una persona por posesión de seis gramos o menos de marihuana no estará en las áreas de prioridad a la hora de asignar recursos para la implementación de la ley. 

“Con esta orden renfocamos el uso de fondos públicos de la penalización a la rehabilitación en los casos de posesión de marihuana para consumo personal y continuamos redirigiendo los recursos y esfuerzos del país para combatir el trasiego de drogas, la violencia y la corrupción asociada al narcotráfico”, dijo García Padilla.

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“Como gobernador, espero que este sea un primer paso para que este asunto se pueda atender a través de legislación en un futuro cercano”, agregó el primer mandatario en declaraciones escritas.

La medida, según informó La Fortaleza, tiene el objetivo de reenfocar los recursos del Estado y se fundamenta en el Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ese informe sostiene que “el uso de drogas es un asunto que tiene que ser abordado desde la salud pública y los recursos limitados con los que cuentan los estados deben usarse principalmente para combatir la violencia y la criminalidad organizada”.

Mediante la orden, se instruye al secretario de Justicia para que, según su discreción, en los casos en que la persona cualifique y cuando se trate del primer incidente, se consienta un acuerdo para que se someta a tratamiento y rehabilitación o pueda ser sometido a libertad a prueba, pero se libraría de reclusión carcelaria.

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Esa medida se tomaría amparada en la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal y el Art. 404(b) de la Ley de Sustancias Controladas, sostuvo La Fortaleza en un comunicado de prensa divulgado a las 6:42 p.m.

Además, cuando una persona se declare o sea hallada culpable y el tribunal determine que no representa un peligro para la sociedad y que no es adicta a sustancias controladas, se procedería con la imposición de una multa y se garantizaría la prestación de servicios a la comunidad conforme al Art. 404(c) de Ley de Sustancias Controladas.

La orden ejecutiva establece que entre ocho áreas de prioridad al momento de asignar recursos para el procesamiento de delitos relacionados con venta o consumo de marihuana figuran prevenir la distribución de marihuana a menores de edad, prevenir que las ganancias de la venta de marihuana ilegal vayan a las empresas criminales, pandillas y carteles, prevenir la desviación interestatal de marihuana desde estados donde es legal al amparo de leyes estatales y prevenir que la actividad relacionada con marihuana llevada a cabo legalmente en unos estados al amparo de leyes estatales, sea utilizada como subterfugio o pretexto para traficar otras drogas ilegales o incurrir en otra actividad ilegal.

Además, según lo dispuesto en la orden ejecutiva, será prioridad prevenir la violencia y el uso de armas de fuego en la siembra y distribución de marihuana, que se conduzcan vehículos de motor bajo los efectos de marihuana y prevenir la exacerbación de otras consecuencias adversas a la salud pública asociadas con el uso de la marihuana.

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También será prioridad prevenir el cultivo de marihuana en tierras públicas y atender los asuntos de seguridad pública y riesgo ambientales creados por la producción de marihuana y también prevenir la posesión de marihuana en propiedad pública federal.

Esta medida, según señaló La Fortaleza, no provee una defensa legal contra las violaciones a la ley; no enmienda ni deroga lo dispuesto por el Código Penal, la Ley de Sustancias Controladas, ni cualquier otra legislación relacionada con la regulación de la marihuana.

Además, la orden no legaliza, ni despenaliza la posesión de marihuana, ni prohíbe la investigación y procesamiento, en circunstancias particulares donde se sirva un interés estatal importante.

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En sus declaraciones escritas al anunciarse la firma de la orden ejecutiva, García Padilla destacó que en diciembre de 2014, “el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) incurrió en gastos ascendentes a $2,280,000 por confinamiento de usuarios y poseedores de marihuana”.

El extitular del DCR, el senador Miguel Pereira, propulsor de este tipo de iniciativas, ha destacado reiteradamente al defender medidas salubristas contra la adicción a drogas lo oneroso que resulta para el Estado el procesamiento y encarcelamiento de miles de jóvenes condenados por posesión de drogas en porciones limitadas para consumo personal.

Pereira estuvo en La Fortaleza esta tarde, justo antes de divulgarse la orden ejecutiva.

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