José Carrión, Junta de Supervisión Fiscal

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La Junta aprueba nuevo presupuesto para la Isla

La JSF celebró hoy en San Juan su octava reunión pública

30 de junio de 2017 01:21 pm

Agencia EFE | San Juan

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó hoy un nuevo presupuesto general para la Isla en el que hay propuestas de la propia JSF que incluyen, entre otros, 13 millones de dólares menos para el legislativo, a la vez que dio luz verde a la petición de quiebra para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La JSF celebró hoy en San Juan su octava reunión pública y la cuarta en Puerto Rico.

El presupuesto aprobado para 2017-2018 también prevé recortes en la rama judicial y un descenso del trece por ciento para el Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP).

De esta forma el presupuesto cumple y estaría en consonancia con el Plan Fiscal que fue certificado por la JSF a comienzos de año, algo que la junta consideraba no se armonizaba en el presupuesto del ejecutivo presidido por el gobernador, Ricardo Rosselló.

Por su parte, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, opinó que de esta forma se comparten los sacrificios y se logra, a su vez, evitar la reducción de jornada y la eliminación de la paga extra de Navidad a los funcionarios.

A su vez, el representante de Rosselló ante la JSF, Elías Sánchez, indicó, en declaraciones a los medios, que el presupuesto certificado por la Junta es en un 99.9 por ciento el del gobierno, aunque mostró su malestar por considerar que es "excesivo".

"La legislatura ya tenía un recorte de 11 millones de dólares en el presupuesto, así que estamos hablando ahora de un recorte total de 24 millones de dólares", subrayó.

Por otro lado, la JSF certificó el presupuesto del Banco Gubernamental de Fomento, que será de 28 millones de dólares, así como el de la autoridad de carreteras y de alcantarillados, entre otros.

En estos dos casos y el de la AEE, la junta solicitó específicamente que el Gobernador entregue dentro de 45 días, planes fiscales revisados que incorporen las enmiendas adoptadas por la Junta el 28 de abril de 2017.

En el caso de la Autoridad de Aguas y Alcantarillado (AAA), también se solicitó modificar el plan para reflejar partidas individuales consistentes con el presupuesto estatal certificado hoy.

Jaresko, por otro lado, propuso resoluciones para aprobar y certificar cada uno de los presupuestos y emitir una certificación para cada uno al gobernador y la legislatura, conforme a la Ley Promesa.

La Junta aún debe considerar los planes fiscales y presupuesto de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y la Universidad de Puerto Rico, dado que esos planes y presupuestos aún no se han finalizado.

En relación a la solicitud de quiebra para la AEE, el presidente de la JSF, José Carrión, confirmó que el diálogo con los acreedores continúa y enfatizó que pese a la autorización de la petición de quiebra, la Junta continuará trabajando hacia una resolución expedita y negociada con los acreedores de la AEE.

"Un acercamiento que creemos es en el mejor interés de todos los involucrados. A este fin, nuestro diálogo con los acreedores continúa", reiteró.

A su vez Carrión ofreció un repaso de las acciones de la Junta con respecto a la AEE, incluyendo las razones que tuvo para no aprobar el propuesto Acuerdo en Apoyo de la Restructuración (RSA, por su sigla en inglés) tras un proceso de revisión y análisis por parte de los miembros de la Junta.

"El RSA creaba un riesgo significativo y habría empujado los precios de la electricidad materialmente hacia arriba, poniendo en peligro la misión de PROMESA de eliminar la emergencia fiscal. Al encarecer el vivir y hacer negocios en Puerto Rico, el RSA lo habría hecho aún más difícil revertir el crecimiento económico negativo del Estado Libre Asociado a lo largo de la pasada década. Si eso no puede cambiarse para obtener el suficiente crecimiento positivo, ninguna reestructuración será exitosa", dijo Carrión.

La celebración de esta nueva reunión de la junta coincide con la firma hacer un año de la Ley Promesa por parte del expresidente estadounidense Barack Obama.

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