Ricardo Rosselló

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¿Qué es el empleador único?

Para un exsecretario del Departamento de Trabajo, la recién implantada ley trae consigo un sinnúmero de especificaciones que ponen en peligro la estabilidad de los empleados

A 12 días de la firma de la Ley 8-2017, “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” o mejor conocida como “Ley de Empleador Único”, la bandera de alerta aún sigue en pie, pues impactaría a más de un organismo.

Según el exsecretario del Departamento del Trabajo, Ruy Delgado Zayas, esta ley permite que el Gobierno trabaje como único patrono en vez de que las 118 agencias trabajen como patronos individuales con sus propios reglamentos de contratación.

El licenciado destacó que en la década de 1990 en Puerto Rico había una Oficina Central de Administración de Recursos Humanos que respondía por todos los organismos de gobierno. “Todas las agencias respondían a un solo concepto y patrono, exceptuando las corporaciones públicas del gobierno”, dijo.

“Ahora las corporaciones públicas del gobierno, bajo esta ley, tienen que cumplir con una serie de normas que va a aplicar la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, sentenció.

Con base a esto, las disposiciones que han traído controversia es que el Gobierno pueda transferir empleados entre agencias según las necesidades de las mismas sin ofrecer algún tipo de protección.

“La crítica que se le ha hecho a la Ley -y que creo que puede mejorar en ese sentido-  es que el empleado no va a tener suficientes protecciones para evitar el discrimen y abuso por ideologías políticas”, dijo.

“Puede darse el caso que cuando se quiera que un empleado renuncie se comience a cambiar entre agencias. La ley se puede prestar para ese tipo de movidas. Es aquí donde se hace un señalamiento porque no hay suficiente protección al empleado público en cuanto a evitar a que se le lleve a una situación intolerable dentro de las áreas a donde se le refiere”, añadió.

Delgado Zayas subrayó que esta oficina va a establecer una reglamentación y un sistema de elegibilidad para trabajar en el Gobierno, pero no tiene la protección para garantizar el principio del mérito. Este principio de mérito se refiere a las prácticas de recursos humanos que siguen las agencias para garantizar la aptitud de sus empleados.

“La ley no provee las herramientas necesarias para los exámenes y evitar que el gobierno se llene de favoritismos políticos. Se pretende pero no se garantiza, no se logra completamente”, sostuvo.

“Hay que ver cómo se aplica la ley en la práctica, pero parte de los señalamientos se hacen en el sentido de que debe haber mejores garantías o herramientas para evitar el discrimen y la persecución de empleados. Deberían establecerse unos mecanismos más efectivos para garantizar el principio del mérito dándole el empleo a quien está capacitado y no porque participó en alguna campaña política”, añadió.

Por otra parte, los empleados transferidos mediante la “Ley de Empleador Único” a una Alianza Público Privada (APP) u organización sin fines de lucro podrían verse afectados por la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. También podrían verse afectados los empleados trasladados dentro de las 51 corporaciones públicas del Gobierno.

“La Reforma Laboral al definir empleado sacó a los empleados de las corporaciones públicas de gobierno. Estos empleados de corporaciones perdieron unos beneficios que antes tenían. El empleado público que pasa a una alianza público privada en base a la ley de empleador único le puede aplicar la Reforma Laboral”, sentenció.

Asimismo, señaló que el empleado que pasa a la empresa privada pierde sus derechos como empleado público y le aplican las leyes de la empresa privada.

“Esto sería un grave problema porque hay empleados públicos que están acogidos al Plan de Retiro que la empresa privada no tiene. La cuestión sería cómo esa empresa privada va a aportar al Sistema de Retiro de ese empleado, algo que no lo dice la ley”, acotó Delgado Zayas.

En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, el Gobernador, mediante la Ley 8-2017, podría cambiar las juntas de directores de esas instituciones. Este fenómeno ocurre ya que, aunque son empresas privadas, operan bajo los subsidios del Gobierno.

“Es una movida que podría darle un color político a una institución que no tiene nada que ver con la política. La ley de empleador único autorizaría este movimiento de empleados”, advirtió el licenciado.

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