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Comisión atenderá tema de la crisis en Puerto Rico

Más de 40 organizaciones se unirán para llevar sus inquietudes y peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

21 de marzo de 2016 01:46 pm

Por: Mariana Cobián / Para ÍNDICE | [email protected]

Las preocupaciones en torno a la deuda pública y el creciente nivel de pobreza en Puerto Rico ha propiciado que más de 40 organizaciones se unan para llevar sus inquietudes y peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La citada organización llevará a cabo una audiencia sobre la situación fiscal de la Isla el próximo 4 de abril, en Washington D.C. y en la vista participará el grupo de entidades que defiende los derechos humanos en Puerto Rico.

El CIDH es organización es autónoma que surpervisa la protección y promoción de los derechos humanos de las Américas. Es la segunda vez que llevará a cabo un foro relacionado con el tema puertorriqueño y que contará con representación de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico.

"Sabemos que hay preocupación de la comunidad internacional sobre la situación urgente que vive nuestro país. No es usual que la Comisión Interamericana realice audiencias sobre este tema o sobre Puerto Rico, mucho menos que lo haga dos veces en años consecutivos. Los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico tienen una responsabilidad internacional que asumir y vienen llamados a responder sobre los efectos de esta crisis en la población", indicó la directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Annette Martínez Orabona.

Por su parte, el catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Cayey, José Caraballo, dijo que la Isla está entre los cinco países con más desigualdad a nivel mundial, y que el nivel de pobreza para el 2014 era de 46%.

"Uno de cada cinco personas que trabajan son pobres. Más de 200,000 empleos se han perdido. La tasa de pobreza en 1950 era de 70%. En 2006 decreció a 44%, ahora está en 46%, a pesar de la migración masiva de más de 200,000 personas pobres que se han ido, lo que ha servido como válvula de escape, porque sino el nivel de pobreza sería de más de 50%", dijo Caraballo.

El educador agregó que la pobreza impacta más los pueblos distanciados del área metropolitana capitalina, como por ejemplo a Ciales, que tiene un nivel de pobreza de 62%, mientras que en Guaynabo es solo de 27%.

El profesor de finanzas y estadísticas lamentó que las medidas que recién ha tomado el gobierno han "recrudecido" las carencias. Se refirió al aumento de impuestos o creación de tributos adicionales.

"Si bien es cierto que la situación económica nos afecta a todas y todos, los datos que hemos recogido indican que el peso fuerte de esta crisis recae en grupos históricamente marginados. La segregación social es real y las políticas fiscales implantadas con el fin de atender el tema económico, han logrado ahondar esas grandes desigualdades que vivimos en este país. Las medidas fiscales fiscales del gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos son políticas públicas y como tal están sujetas a las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los estados", señaló, por su parte, la portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, Eva Prados.

Ante la CIDH, el grupo anticipo que solicitarán que la Reserva Federal respalde nuevas emisiones de corto y largo plazo para Puerto Rico y que el Congreso no imponga la Junta de Control Fiscal, ya que entienden que exacerbará la crisis económica.

Reclamarán también que se aprueben medidas de desarrollo económico para Puerto Rico, incluyendo la no aplicación de las leyes de cabotaje y la flexibilización de los visados para los turistas internacionales para fomentar más el turismo.

Un pareo de los fondos Medicaid y Medicare también se solicitaría ante ese foro y que se permita acceso al crédito por trabajo para incentivar el empleo localmente. Los portavoces del grupo de organizaciones dijeron que también abogarán por la reestructuración del estado benefactor a nivel local para que no se eliminen ayudas a personas en empleos precarios.

Al gobierno de Puerto Rico, mientras, reclaman "que defienda la dignidad y la calidad de vida de Puerto Rico al cabildear por las peticiones de arriba al gobierno de Estados Unidos so pena de declarar un impago unilateral indefinido que contagie negativamente el mercado municipal de Estados Unidos.

También piden que no se firme una ley que contemple una Junta de Control Fiscal federal para Puerto Rico y formalice el crédito de 4% a las foráneas permanentemente.

El grupo solicita que el gobierno no pague la deuda contraída fuera de los límites constitucionales. Mientras, el Tribunal Supremo federal, reclaman que permita la ley de quiebra local.

"Hay una crisis humanitaria. El nivel de pobreza es obvio sobre la situación en que estamos, que es una situación precaria, no superficial. Si hay un sector que parece no afectarle, otros sí están en crisis. No una broma, nuestra situación es muy seria", expresó Martínez Orabona.

Entre las organizaciones que apoyan y participarán de la audiencia figuran el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Cumbre Social y el Instituto de Estudios Sobre Mujeres, Género y Derecho.

La Coordinadora Paz para la Mujer, la Organización Puertorriqueña de Mujeres Trabajadoras, la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento, la Unión de Trabajadores de la Industria Gastronómica de Puerto Rico, la Comunidad Villas del Sol, en Toa Baja, la entidad Espacios Abiertos y la Oficina Legal de la Comunidad, entre otros, se suman a la citada alianza.

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